Por Rocío Sánchez
A pesar de que la tasa de fecundidad ha bajado en la población general en las últimas décadas, no sucede lo mismo con los embarazos en la población adolescente. Más aún, con la irrupción de la pandemia de COVID-19 (en el periodo 2020-2021), el embarazo en mujeres de 12 a 19 años creció 30 por ciento, de acuerdo con lo reportado por el Gobierno de México. Esto significa que se registraron poco más de 29 mil nacimientos más de los que se tenían estimados para ese lapso. Es así que, en 2021, se hizo necesario agregar una segunda etapa a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea), que se había puesto en marcha en 2015.
La Enapea tiene como objetivo reducir el número de embarazos adolescentes en el país, “con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente a los derechos sexuales y reproductivos”. De ella se derivan dos ambiciosas metas a cumplir en 2030: erradicar los nacimientos en niñas menores de 15 años y reducir a la mitad la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años.
Para evaluar la implementación de las estrategias que llevarían a la consecución de estas metas, las investigadoras Vanesa Arvizu, Laura Flamand, Melisa González y el investigador Juan Olmeda, de la Red de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México, hicieron un análisis que se publicó bajo el título de Embarazo temprano en México, panorama de estrategias públicas para su atención.
Embarazo y desigualdad social
Los autores señalan que el embarazo adolescente o embarazo temprano es un concepto cuya valoración positiva o negativa depende en gran medida del contexto social. Sin embargo, la mayoría de los embarazos de este tipo son no planeados y son resultado del poco o nulo acceso de esta población a sus derechos sexuales y reproductivos.
Otras investigaciones previas han revelado que el embarazo adolescente tiene una estrecha relación con las inequidades sociales. Por ejemplo, dicen los autores, se da con más frecuencia en las adolescentes indígenas cuyo acceso a la educación sexual está limitado, que viven en hogares de ingresos bajos y que son habitantes de zonas con altos niveles de violencia. El embarazo sucede con menos frecuencia en las adolescentes que no viven en estas circunstancias.
A la vez, un embarazo no planeado durante la adolescencia puede afectar la vida de todas las personas involucradas, ya que las desventajas que se asocian a la paternidad o maternidad en esta etapa profundizan las brechas en el ingreso, la educación, el empleo y la seguridad social. Es decir, “el embarazo temprano puede profundizar desigualdades sociales preexistentes y crear nuevas”, sostienen.
En cuanto a la dimensión del problema, cabe decir que la tasa regional de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en América Latina fue de 61.18 nacimientos por cada 1000 mujeres en 2019, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Para el mismo momento, en México, la tasa se situaba en 58.54. Los autores del análisis puntualizan que, si bien el porcentaje de necesidades satisfechas en cuanto a métodos anticonceptivos México se encuentra por arriba del promedio de la región (80.4 por ciento frente a 78.1 por ciento, respectivamente), este indicador se está “prácticamente estancado desde hace 20 años”.
Los roles de género tradicionales, la carencia de información y educación sexual y la falta de acceso efectivo a los métodos anticonceptivos son algunos de los factores que potencian el fenómeno del embarazo a temprana edad.
Estrategias que necesitan refuerzo
En el documento, presentado en agosto pasado, Arvizu y sus colaboradores destacan tres áreas de oportunidad donde las políticas públicas sobre embarazo adolescente deberían enfatizarse para lograr atender el problema de forma efectiva.
El primer elemento son los roles de género tradicionales, ya que, aunque en el discurso se han logrado avances en la materia, en el ámbito privado, como los hogares y las escuelas, todavía están muy vigentes las ideas más conservadores sobre lo que “deben” hacer los hombres y las mujeres de acuerdo a su género.
Al respecto, se observa que en las estrategias de atención de este tipo de embarazos se menciona casi exclusivamente a las niñas y mujeres, mientras que las obligaciones de la paternidad están prácticamente ausentes, y para los hombres se prevén sólo acciones de educación sexual y uso de anticonceptivos.
Una segunda área de oportunidad es el acceso a información y educación sexual. También en este sector se ha avanzado, pero aún existe un número importante, dicen los autores, de adolescentes que reciben la primera información sobre sexualidad de su entorno más cercano, cosa que tiende a perpetuar mitos y creencias erróneas sobre la sexualidad. Estas falacias pueden conducir a que las adolescentes desconozcan los mecanismos básicos de la sexualidad y se expongan más a un embarazo no deseado.
El tercer y último elemento a reforzar es el acceso a métodos anticonceptivos. De acuerdo con los investigadores, es la falta de acceso a estos métodos o las ideas sociales contrarias a ellos lo que dificulta su uso y no la falta de conocimiento. Además, señalan que este elemento “se vincula directamente con la garantía desigual del derecho a la salud sexual”, lo cual depende de si los adolescentes tienen acceso real a los servicios de salud.
Del papel a los hechos
Al analizar la Enapea bajo la luz de estos criterios, los investigadores observan que el énfasis en el papel de los hombres adolescentes se añadió en la segunda etapa de la estrategia (programada para llevarse a cabo en el periodo 2021-2024). En ella, se dedica mayor atención a la responsabilidad compartida durante el embarazo, la gestación y la paternidad, además de que se enfatiza la atención en las zonas donde residen grupos más vulnerables.
Los autores también hicieron una comparación entre las estrategias de México, Colombia y Argentina, países que han generado acciones para reducir el embarazo adolescente. Dicha comparativa arroja que la estrategia de Colombia es atender el fenómeno de manera integral, y se hace una distinción entre los derechos sexuales y los reproductivos. Esto permite que la visión de la sexualidad vaya más allá de la reproducción y la genitalidad, abarcando todos los espacios en los que una persona puede desenvolverse de acuerdo a su sexualidad. Además, la estrategia “considera que las desigualdades son un factor crucial tanto en las causas como en las consecuencias del problema”, una perspectiva que las estrategias de México y Argentina no tienen.
La tasa regional de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en América Latina fue de 61.18 nacimientos por cada 1000 mujeres en 2019. Para el mismo momento, en México, la tasa se situaba en 58.54, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
En Argentina, por otro lado, no se menciona a los hombres en la iniciativa. En contraste, sí se enmarca explícitamente en los derechos sexuales y reproductivos, y parte de la necesidad de sensibilizar a las y los adolescentes. Se centra esencialmente en el acceso a los anticonceptivos y en la cobertura de salud sexual y reproductiva (incluyendo la interrupción legal del embarazo, que es legal en el país).
A partir de esta comparación, el documento propone tres elementos que pueden apuntalar la estrategia de México y hacerla más efectiva. La primera observación es cerrar la importante brecha entre el diseño de estrategias gubernamentales y su implementación real. En particular, debe fortalecerse la implementación en los gobiernos estatales para que la estrategia se adapte cultural y socialmente a una región, en especial a las comunidades indígenas.
La segunda observación es la necesidad de que diversas áreas del Gobierno trabajen en conjunto, como las instancias de educación, salud y género, por ejemplo, tomando siempre en cuenta la heterogeneidad del territorio nacional. Esto requiere de estrategias intersectoriales y de la capacitación adecuada de funcionarios públicos.
En tercer lugar, se enfatiza la importancia de no limitar las estrategias a las acciones preventivas (como el conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos), sino que se creen programas que atienden a niñas y adolescentes que ya son madres, para que tengan las herramientas para continuar con su desarrollo personal.
Por último, concluyen los autores, el enfoque de respeto a los derechos sexuales y reproductivos y la coordinación intersectorial son dos elementos indispensables para lograr los ambiciosos objetivos trazados en la Enapea para 2030.