Por Leonardo Bastida Aguilar
Con la súplica de que, si ya desaparecieron a una persona, quienes lo hacen no oculten los cadáveres, familiares y amigos de Mario Antonio de la Cruz Miranda continúan realizando su búsqueda en cualquier rincón de Quintana Roo donde haya posibilidades de encontrar algún cuerpo humano sin vida o indicios de haber visto a algún joven de cuerpo menudo con ropa deportiva. Por un lustro han realizado campañas para su localización a través de redes sociales, en medios de comunicación y de boca en boca.
La última vez que vieron a este chico abiertamente gay de 16 años fue la noche del 18 de febrero de 2017 al salir de su domicilio para reunirse con algunas amistades y disfrutar de la vida nocturna de Cancún. Algunas versiones indican que fue alrededor de las seis de la mañana que se dejó de tener contacto con él. El 19 de febrero, sus familiares se enfrentaron a un sistema de justicia que se negó a emitir una alerta Amber de manera inmediata, alegando que tenían que pasar 72 horas. La consecuencia fue que las cámaras de los lugares donde estuvo ya no contaban con el material fílmico cuando les fue solicitado y, por tanto, quedó mermada la reconstrucción de los hechos.
Por otro lado, los allegados de Mario Antonio tenían miedo de que la policía comenzara a hostigarlos y fueron cautelosos en la investigación. Las autoridades señalaron que “a lo mejor se fue con su novio u otros amigos” o que “había tenido problemas de rechazo con sus familiares por su orientación sexual”. Y advirtieron que era culpa de la mamá por haberle permitido salir de noche. El caso encendió las alarmas de diversos colectivos a favor de los derechos de las personas LGBT, pues fue el primero en el que se habló abiertamente de la orientación sexual de la víctima y en el que los prejuicios de las autoridades con respecto a la misma obstaculizaron el acceso a la justicia, con repercusiones hasta el día de hoy.
Panorama desolador
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la desaparición forzada se entiende como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Se ha utilizado como una estrategia para infundir el miedo entre la ciudadanía debido a que genera un impacto emocional en las personas cercanas a quien desaparece, pero también en su comunidad.
Como advierte la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la desaparición de una persona también puede estar vinculada a una situación entre particulares, sin embargo, en ambos casos, el fenómeno en sí representa “una violación pluriofensiva de derechos humanos y causante de daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar el destino final que aquéllas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental”.
En el caso de México, tanto el Comité contra la Desaparición Forzada como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ambos de la Organización de las Naciones Unidas, indicaron, en su más reciente informe, que, si bien existen algunos avances en la materia, pues se aprobó la Ley General de Desapariciones, se crearon comisiones de búsqueda en todos los estados y el Centro Nacional de Identificación Humana, entre otras medidas, el acceso a la justicia es casi nulo, pues sólo se han dado 35 condenas a perpetradores de desapariciones a pesar de haber más de 100 mil reportes de desaparición.
De acuerdo con datos de la sociedad civil, entre 2010 y 2022 se registraron 124 personas de la diversidad sexual que fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 55 permanecen sin localizar. De las 69 que sí fueron encontradas, 22 de ellas se hallaron sin vida.
Víctimas invisibles
Tras siete años de trabajo en la documentación casos, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans ha señalado que hay un crecimiento sostenido de la desaparición de personas LGBT en el país, y en doce años se ha pasado de un caso documentado a 32 registros, con la salvedad de que las personas LGBT desaparecidas en México están invisibilizadas, afirma la activista Rocío Suárez, quien ha dado seguimiento a muchos de esos casos. Conforme a su experiencia en la materia, la defensora de derechos humanos de las poblaciones trans ha señalado que, en algunos casos, como en Jalisco, hubo registros de desaparición entre particulares debido a que las personas eran secuestradas para ser llevadas a espacios donde se daba terapias de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), prohibidas y sancionadas en gran parte del país. En otros escenarios, algunas mujeres trans son desaparecidas y luego se encuentran sus cuerpos sin vida, y en otros, las víctimas son jóvenes abiertamente LGBT.
Al revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) se ubicaron 37 casos de personas LGBT desaparecidas, no localizadas o localizadas entre 1964 y septiembre de este año. De éstas, 15 aún tienen el estatus de desaparecidas o no localizadas, mientras que las otras 22 fueron localizadas, tres de ellas sin vida y 19 con vida.
De acuerdo con un informe, presentado en septiembre por la organización civil de Rocío Suárez, hay un incremento en casos LGBT en los últimos cuatro años, aunque desde 2012 hay datos de personas LGBT en situación de desaparición. Sin embargo, dichos datos no son precisos, pues de acuerdo con el Centro de Apoyo, hay un subregistro de casos LGBT, pues tras realizar preguntas a las Comisiones de Búsqueda, pero, sobre todo, a las fiscalías estatales, se logró documentar 124 personas LGBT desaparecidas en los últimos 12 años, de las cuales sólo tres están en el RNPDNL.
De esta manera, los datos recabados por la organización indican que entre 2010 y 2022 hay 124 personas LGBT reportadas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales, 69 no han sido localizadas y 55 sí. De estas últimas, 33 se hallaron con vida y 22 sin ella. Muchos de estos casos sólo fueron atendidos por las fiscalías locales, pero no por el RNPDNL, o en algunas ocasiones, ni siquiera hubo una denuncia de por medio, pero el caso fue visible en redes sociales.
La entidad federativa donde más registros hay es Jalisco con 16, seguida de Veracruz y Ciudad de México con 14, respectivamente; Baja California, 12; Estado de México, ocho, y Sinaloa con siete. En contraparte, Aguascalientes, Campeche, Colima, Michoacán y Zacatecas sólo han presentado un registro en más de 10 años.
El sector más afectado por la problemática es el de las mujeres trans, debido a que casi 70 por ciento de los registros corresponden a ellas. De manera muy desproporcional sigue la población gay con un 17 por ciento de los mismos y la población lésbica con un 12 por ciento. El bloque menos afectado es el de los hombres trans con sólo cuatro por ciento de los casos. Por lo anterior, se deduce que dos de cada tres personas desaparecidas son mujeres trans.
En un marco comparativo, a nivel de la población general, 40 por ciento de las personas en situación de desaparición no han sido localizadas, mientras que en el caso específico de las personas LGBT la cifra asciende a 55 por ciento. En el caso de las personas localizadas, a nivel general, el porcentaje es de 59. 5 por ciento del total de los casos, pero sólo se han localizado a 44 por ciento de las personas identificadas como LGBT. Asimismo, 55 por ciento de las personas desaparecidas ha sido localizada con vida, pero, la cifra es mucho menor en el caso de las personas LGBT, ya que sólo alcanza al 26 por ciento. La información es similar en el caso de apariciones sin vida, pues para datos generales, menos del 10 por ciento ha sido encontrado en esa condición. Sin embargo, en el caso específico LGBT, las cifras se elevan a casi el 20 por ciento.
Un análisis de los datos referente a la orientación sexual o identidad o expresión de género de las personas LGBT localizadas sin vida mostró que las más afectadas son las mujeres trans, ya que, de las desparecidas, 52 por ciento han sido halladas sin vida; seguidas de los hombres gays, con 43.4 por ciento, y las lesbianas, con 4.3 por ciento.
Las más afectadas por este fenómeno son las mujeres trans, ya que, de las desparecidas, 52 por ciento han sido halladas sin vida; seguidas de los hombres gays, con 43.4 por ciento, y las lesbianas, con 4.3 por ciento.
¿Dónde están?
En mayo de este año, en Monclova, Coahuila, desapareció NN. Su mamá argumentó que no se le buscó por cuestiones asociadas a su orientación sexual, pues las autoridades ponían muchas trabas para iniciar el proceso de búsqueda. Con sus propios recursos, la familia obtuvo información sobre su paradero. Estaba recluida en un penal de Nuevo León. Actualmente, luchan por su liberación, pues se desconocen las causas de su aprehensión. En el mismo municipio está pendiente la localización de Paloma González Cázares, mujer trans desaparecida desde noviembre de 2016.
En otro caso, a pesar de que su pareja acudió al ministerio público de Naucalpan para denunciar su desaparición, el proceso de búsqueda de Jordan Alexis no inició hasta que su mamá interpuso la denuncia, pues los agentes ministeriales se negaron a tomarle la declaración a su novio. Su cuerpo fue localizado meses después. Su caso es muy similar a otros, en los que en agentes del ministerio público no aceptan la denuncia por parte de las parejas sentimentales o de personas conocidas, sino únicamente de sus familiares.
En el caso de Kika, desaparecida en junio de 2018 en Chiapas, se notificó a sus familiares sobre el hallazgo de sus restos, pero ellos deberían solventar los gastos económicos de la investigación para determinar si eran de ella o no. Dos años después, los resultados arrojaron que no eran de ella y se desconoce su paradero hasta el día de hoy. Algo similar ocurrió en Puerto Escondido, Oaxaca, donde desapareció Amairanyh Torres. Las autoridades indicaron que no podían hacer mucho por ella porque no traía celular ni había cámaras cerca de donde se reportó su desaparición. Optaron por no investigar.
Entre la búsqueda de registros, el más antiguo que se encontró fue el de Dulce, una chica trans de 19 años, quien desapareció junto con una amiga en Jojutla, Morelos, en noviembre de 2013. Tiempo después fueron hallados los restos de su amiga en un predio en las inmediaciones de la población. Su mamá pidió a las autoridades que volvieran a excavar para ver si no estaban allí los restos de su hija. La respuesta fue un contundente no y a nueve años de los sucesos, Dulce permanece en calidad de desaparecida.