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Presentación
A pesar de los avances que se han dado en los últimos años en el reconocimiento de derechos a las personas LGBT+ en México, las diversas manifestaciones de violencia ejercida en su contra no solo no disminuyeron en el sexenio pasado, sino que incluso existen indicios de que se incrementaron. Lamentablemente desconocemos el alcance y la magnitud del problema debido a la ausencia de sistemas oficiales de recolección de datos que puedan dar cuenta de las particularidades y las tendencias de este tipo específico de violencia.
Lo que sí conocemos es el contexto social de discriminación e intolerancia hacia las diversidades sexuales y de género que no ha cambiado en el país en los últimos años. De acuerdo con una encuesta del Conapred y la CNDH, 6 de cada 10 personas LGBT+ encuestadas sufrió discriminación durante el último año. Y más de la mitad, 53 por ciento, reporta haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso. Además, casi una tercera parte, 30 por ciento, sufrió tratos arbitrarios y discriminatorios por parte de la policía debido a su orientación sexual o identidad y expresión de género. Este contexto social de rechazo e intolerancia provoca que las personas LGBT+ vivan o estén expuestas a una violencia cotidiana en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven tan solo por expresar lo que son y lo que sienten.
Sin embargo, debido al temor a que se revele su orientación sexual, a sufrir revictimización o por desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia, muchas personas LGBT+ prefieren no denunciar cuando han sido víctimas de actos de discriminación y de violencia. La falta de estadísticas y datos oficiales conlleva, a su vez, a la desatención del problema por parte de las instituciones de gobierno.
Para solventar en parte esta omisión, nuestra organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana se ha dado a la tarea de recolectar y registrar desde 1998 los datos de la violencia más extrema, la violencia letal en contra de personas LGBT+, con la creación de la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, con los pocos recursos con los que contamos. No con el objetivo de suplantar una responsabilidad del Estado, cosa por demás imposible, sino con el propósito de dar visibilidad a un problema social poco valorado y ejercer presión hacia las instituciones estatales para que asuman dicha responsabilidad. Nos propusimos incidir en la agenda de los medios de comunicación para poder incidir a su vez, a manera de reacción en cadena, en las agendas políticas, legislativas, judiciales y de derechos humanos de las diferentes instituciones del Estado.
Hoy nos complace presenciar avances legislativos y en políticas públicas en esa dirección: en al menos 12 entidades del país los congresos locales han modificado su legislación para incluir al odio como agravante en los delitos de homicidio; algunas procuradurías generales de justicia de los estados han elaborado protocolos específicos de actuación, así como han creado unidades o fiscalías especiales de atención a las personas LGBTTT. Como es sabido, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, y más recientemente, en 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, adoptado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Sin duda son avances importantes, pero aún son insuficientes para responder adecuadamente a este grave y complejo problema, sustentado en estereotipos y prejuicios sociales muy arraigados, y frente al cual el Estado debe asumir plenamente su obligación de prevenir, investigar, procesar y sancionar los delitos derivados de la violencia ejercida en contra de las personas LGBT+. La inacción de las instituciones del Estado legitima la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. Así pues, una vez más, presentamos nuestro Informe anual de asesinatos de personas LGBT que esta vez abarca el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto, caracterizado por los altos índices de violencia, de homicidios y de feminicidios.